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Con el lema “Centroamérica unida por la sostenibilidad ambiental, la defensa del territorio y la resiliencia”, el Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida celebró su XVI Encuentro Regional, con el objetivo que pueblos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil trabajen unidas frente a la crisis climática y social que atraviesa la región.

El encuentro reunió delegaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, así como a República Dominicana y Colombia, que participaron por primera vez en este esfuerzo colectivo. Durante dos días se realizó un proceso de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias sobre mitigación y adaptación al cambio climático, reafirmando que la región enfrenta una crisis multidimensional donde el cambio climático actúa como multiplicador de vulnerabilidades.

Crisis climática con impactos humanos y sociales

Actualmente, Centroamérica y el Caribe registran un aumento de temperatura cercano a 1,5 °C, lo que intensifica sequías, inundaciones, tormentas, olas de calor y pérdidas de cosechas. Estas condiciones impactan directamente en la seguridad alimentaria, el acceso al agua y el respeto a los derechos humanos, afectando de manera más severa a pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y juventudes.

De cara frente a la COP30

Las delegaciones participantes pidieron a los Estados y a la comunidad internacional compromisos claros, financiamiento justo y el respeto pleno a los derechos humanos y ambientales. Entre las principales demandas hacia la COP30 en Belém, Brasil, destacan:

• Reconocer a Centroamérica y el Caribe como regiones altamente vulnerables.
• Garantizar recursos directos y transparentes para comunidades.
• Reconocer la migración climática como causa estructural de movilidad forzada.
• Incluir a los pueblos afrodescendientes como sujetos de derechos específicos en la Convención Marco de la ONU.
• Priorizar el derecho humano al agua y la resiliencia comunitaria.

En el ámbito nacional, las delegaciones participantes solicitaron a los Estados la aprobación de marcos legales robustos en materia ambiental y climática, el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria, la protección de defensoras y defensores ambientales, la ratificación e implementación efectiva del Acuerdo de Escazú y la garantía de derechos sociales básicos como salud, educación, vivienda y trabajo digno.

El Foro concluyó con un llamado firme y unificador: “La justicia climática empieza desde los pueblos y los territorios. Invitamos a los Estados y a la comunidad internacional a asumir compromisos claros, garantizar un financiamiento justo y colocar la vida y el bienestar en el centro de las decisiones.”