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El contrabando de cigarrillos en América Latina representa una amenaza económica y está estrechamente vinculado a redes de lavado de dinero, corrupción institucional y estructuras criminales transnacionales. Así lo explicó el experto colombiano Daniel Rico durante una presentación técnica sobre las lecciones aprendidas en la lucha contra este fenómeno en la región.

Durante su exposición, Rico detalló cómo el comercio ilícito de cigarrillos se ha consolidado como una de las principales vías utilizadas por el crimen organizado para monetizar sus operaciones. Los productos se movilizan desde países asiáticos y del Cono Sur, atravesando puertos estratégicos como Montevideo, Colón y Veracruz, hasta llegar a mercados de alto consumo como Guatemala y México. En el proceso, se emplean mecanismos de ocultamiento que incluyen el reetiquetado y la declaración falsa de mercancías, lo que dificulta su detección por parte de las autoridades aduaneras.

Uno de los puntos más críticos señalados fue el uso de la zona libre de Colón, en Panamá, como plataforma para operaciones comerciales que aparentan legalidad, pero incumplen normas fiscales, sanitarias y de trazabilidad. Estas entidades logran movilizar grandes volúmenes de cigarrillos sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por los países de destino. El sistema logístico y financiero internacional permite que estas operaciones se desarrollen con relativa facilidad, sin que exista una verificación efectiva del destino legal de los productos.

En Costa Rica, el impacto del contrabando ha sido particularmente grave. El mercado ilegal de cigarrillos ha crecido de manera sostenida, pasando de representar el 27% en 2017 al 46% en 2025. Este crecimiento responde a una combinación de factores, entre ellos el incremento de impuestos, la debilidad institucional y la falta de controles efectivos en las fronteras. Las ganancias generadas por estas operaciones superan ampliamente las de cualquier negocio formal, lo que evidencia la escala y sofisticación de las estructuras involucradas.

Rico también presentó el caso de una organización sancionada internacionalmente, que además de producir cigarrillos ilegales, operaba una red de facturación falsa para facilitar el lavado de activos. Esta estructura canalizaba recursos desde Paraguay hacia otras naciones, prestando servicios financieros a otras redes criminales. El contrabando, en este contexto, afecta la economía formal, y se convierte en un instrumento para financiar actividades ilícitas de alcance global.

Como señal de avance, se destacó la reciente intervención de autoridades panameñas y estadounidenses en la zona libre de Colón, donde se incautaron 92 contenedores cargados con cigarrillos ilegales. Esta acción representa un paso importante en el esfuerzo por frenar el comercio ilícito en uno de los puntos más sensibles de la región.

En Guatemala ha registrado un aumento significativo en el último año, alcanzando un 24.7%. Esto implica que casi uno de cada cuatro cigarrillos consumidos en el país proviene del mercado ilegal, Pero, si se consideran otras formas de posible fraude tributario, la cifra podría ascender hasta el 50%, aludiendo a esquemas que, aunque aparentan ser legales, son utilizados para evadir el pago completo de impuestos.

Recomendaciones contra el comercio ilícito

Entre las recomendaciones planteadas por Rico para contrarrestar el comercio ilícito, se incluyen: fortalecer los controles aduaneros en puertos clave, implementar escáneres móviles en rutas de alto tránsito, exigir trazabilidad real en la cadena logística, y condicionar los servicios financieros y logísticos a la verificación de destino legal de los productos. También sugirió que los países adopten mecanismos de cooperación regional y desarrollen capacidades especializadas en fiscalías y cuerpos policiales para enfrentar estructuras criminales complejas.

Muriel Ramírez, coordinadora de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), destacó la importancia de estos espacios técnicos para visibilizar el impacto del comercio ilícito en múltiples dimensiones. “La CODECOF impulsa acciones para prevenir y mitigar el comercio ilícito, promoviendo la defensa del comercio formal. Desde 2020, lidera una hoja de ruta con programas concretos y alianzas interinstitucionales. Como parte de este esfuerzo, expertos colaboran con autoridades para combatir un problema que perjudica a los consumidores y al país. Además, se desarrollan mecanismos para medir el impacto de estos delitos y fortalecer la respuesta institucional”.

Ramírez agregó que este tipo de encuentros busca llamar la atención sobre los efectos negativos del comercio ilícito de cigarrillos, especialmente en la salud pública, la economía nacional y el empleo formal.

La presentación se realizó en formato de webinar, como parte de una iniciativa del Comité Pro Comercio Lícito de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (FECAICA) y la CODECOF, de la Cámara de Industria de Guatemala.