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El Índice Mundial de Crimen Organizado 2025 ubica a Guatemala en el puesto 25 de los países más vulnerables ante el crimen organizado, empeorando su posición frente al 2023, cuando se situó en el puesto 26.

Este índice, publicado cada dos años por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) y financiado por el Departamento de Estado de EE. UU. y la Unión Europea, ubica a Guatemala en una posición de alto riesgo a nivel comparado, destacando retos persistentes de resiliencia institucional y dinámicas que impactan de forma directa a la economía formal.

El informe señala que, desde la última medición, se han fortalecido las mafias y actores criminales vinculados al sector privado, mientras que las redes criminales, la corrupción y la participación de actores extranjeros se mantienen en niveles altos, incrementando los incentivos y capacidades para sostener mercados ilícitos como el contrabando y el comercio ilícito.

La Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresa su preocupación ante estos hallazgos, porque evidencian cómo el crimen organizado ha ampliado su presencia en la economía y presiona a los sectores formales mediante la colocación de productos ilícitos a precios artificialmente competitivos, resultado de evasión, contrabando y ausencia de controles.

En comparación con el reporte del 2023, Guatemala registra un retroceso significativo en indicadores asociados a trata de personas, extorsión, contrabando, comercio ilícito de bienes sujetos a impuestos especiales, tráfico de drogas sintéticas y delitos financieros, lo que refuerza una tendencia de diversificación y de mayor sofisticación de las estructuras criminales.

“Debemos empezar a entender el crimen organizado como un fenómeno que va más allá de la violencia y el narcotráfico. Está más presente en la vida cotidiana de lo que se reconoce y hoy impacta directamente la economía. Las redes criminales están ganando control en mercados y cadenas de suministro”, afirmó Muriel Ramírez, vocera de CODECOF.

Por ejemplo, el capítulo de Guatemala del Índice Mundial de Crimen Organizado 2025 identifica un vínculo directo entre el comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales como tabaco, licores, alimentos y cosméticos y estructuras como la MS-13 y Barrio 18, señalando que estas redes “participan cada vez más en este comercio, utilizando rutas de contrabando compartidas con narcotraficantes”.

El informe advierte que “el comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales es un problema grave, impulsado por el débil control estatal y la alta demanda de productos más económicos”, y subraya que este fenómeno socava a las industrias locales y a la economía de Guatemala.

Asimismo, el informe destaca que “los productos falsificados están muy extendidos en Guatemala”, especialmente farmacéuticos y la ropa de marca, con origen principalmente de China. En el caso de los medicamentos, remarca que esto “plantea importantes riesgos para la salud, al permitir que productos de baja calidad se infiltren en farmacias y clínicas.

A ello se suma que las medidas contra el lavado de dinero “siguen siendo insuficientes” y no se registran “avances legislativos significativos desde 2020”. Los expertos advierten que el cumplimiento de las disposiciones vigentes es débil, “lo que permite que las redes criminales exploten el sistema bancario para realizar transacciones ilícitas”.

El Índice señala que en Guatemala “la corrupción en las instituciones policiales, judiciales y políticas facilita el comercio ilícito”, y que las medidas y regulaciones necesarias para contener el avance del crimen organizado no han mostrado progresos relevantes.

Ante este panorama, CODECOF reitera la urgencia de una respuesta estatal integral y sostenida frente al crimen organizado en todas sus manifestaciones. “Nuestra meta debe ser que Guatemala deje de aparecer entre los países con mayores niveles de criminalidad en este tipo de mediciones. Hoy figuramos en el puesto 25 a nivel global, lo cual es una señal de alerta para la seguridad, la inversión y la economía formal”, señaló Muriel Ramírez.