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Guatemala muestra el gasto público en salud más bajo de la región, un 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB), y solamente un 20% de su población se encuentra protegida por la seguridad social. Así lo evidencian los últimos estudios realizados por las empresas WifOR Institute y Sanigest International para la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma).

A pesar de que el Sector Salud de Guatemala es una fuente motora de desarrollo socioeconómico, aportando un 8% al PIB, que equivale a una huella económica de 6,3 mil millones de dólares; sus índices de inversión en salud están muy por debajo de los recomendados por los organismos internacionales.

Estos hallazgos destacan el impacto directo que tiene el sector salud en la economía, y los múltiples beneficios que la inversión en salud tiene en la educación, en la situación social y en la economía del país.  También demuestran la oportunidad de tener una transformación digital que colaboraría en la mejora del acceso a los servicios de salud de los guatemaltecos, sin dejar de lado su impacto directo en la mejora de los índices de salud.

Sin embargo, esto conlleva a un cambio de paradigma para que las autoridades dejen de considerar la inversión en salud como un gasto, sino que la vean como una inversión que se traducirá en mejora de la salud, crecimiento económico, riqueza y empleo; pero para ello, se debe invertir más e implementar buenas prácticas de gestión presupuestaria.

Mejores estrategias de inversión en salud podrían satisfacer principales necesidades de la población más vulnerable

WifOR Institute en su estudio “El estado de la Economía de la Salud en Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana” analizó el importante aporte de la Economía de la Salud en Guatemala como fuente de desarrollo económico y social del país. Su aporte al PIB del 8% supera a otros sectores como el de Construcción (5,4%) y el Sector Financiero (3,8%). Además, provee empleo al 6,1% de la fuerza laboral, generando alrededor de 380.000 puestos de trabajo directos, misma cantidad que genera el Sector Construcción.

El aporte de la   Economía de la Salud es indudable, y es la principal evidencia de que mejores estrategias de inversión podrían satisfacer las necesidades de la población más vulnerable. Gozar de una buena salud, gracias a una atención sanitaria de calidad, está relacionada a una mayor productividad, fortaleza física y menor probabilidad de contraer enfermedades. Todos estos factores contribuyen a un mejor mercado laboral, en especial en los países como Guatemala que dependen, en mayor medida, de la mano de obra.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la oferta de mano de obra altamente calificada es uno de los pilares clave para el desarrollo de un país. Por lo tanto, las posibilidades de acceder a edades tempranas a los servicios de salud aumentan y mejoran las oportunidades escolares y el crecimiento económico individual.

Un mayor acceso a los servicios de salud permite a los niños aumentar hasta en 7 puntos porcentuales su nivel de escolaridad, al gozar de una salud robusta para seguir con sus estudios. Además, está demostrado que las inversiones en salud a edades tempranas aumentan los ingresos económicos durante la adultez, esto según el 46,5% de los guatemaltecos que participaron en un estudio que relaciona la inversión en salud con la productividad económica.   Todo esto indica que una atención temprana, una política de prevención y una atención primaria adecuada, generarán un aumento en el bienestar de la población, una mayor productividad y un impacto en el desarrollo económico y social del país.

Por último, el estudio de WifOR enfatiza los beneficios de acceso que traería la implementación de las herramientas digitales y su impacto en la integración de los sistemas de salud. Sin embargo, señala que Guatemala se enfrenta a barreras a nivel de infraestructura de la conexión y marco jurídico; solo el 50% de la población cuenta con acceso a internet y se cuenta con un índice en progreso en Telemedicina de apenas un 1%.

Según un análisis del marco jurídico para implementar registros de salud electrónicos, los países analizados en este informe tuvieron resultados significativamente más bajos que otros países de América Latina y el Caribe, con un rezago de casi 30 puntos porcentuales. En el caso de Guatemala, se trata de un índice de progreso de únicamente un 37%. Esto resalta la necesidad de inversiones adicionales para poder aprovechar plenamente las oportunidades ofrecidas por las soluciones sanitarias digitales.

Gasto de bolsillo de las familias guatemaltecas llega casi a un 60% debido a barreras de acceso a la seguridad social

El estudio elaborado por Sanigest International, permite desglosar las principales áreas de mejora del sistema de salud guatemalteco, identificando los vicios presupuestarios de las instituciones públicas, y permitiendo marcar una guía de trabajo que aumente el acceso de la población a la seguridad social.

Debido a múltiples factores socioeconómicos, como la alta informalidad del mercado laboral y la gran cantidad de la población que habita en las zonas rurales alejadas de los principales centros sanitarios (el 68% de los servicios sanitarios se concentran en la región central y metropolitana), los índices de cobertura de Guatemala son de los más bajos de la región. Únicamente un 20% de la población se encuentra protegida por la seguridad social, lo cual, contrasta con los índices de Costa Rica y Panamá que superan el 90% y 60% respectivamente. Además, la situación de la pandemia por la Covid-19, significó un retroceso de 11 años en el acceso a la seguridad social.

La población protegida, accede en un 91,5%, a los dos mayores prestadores de servicios de salud del país, que son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) con un 85,6% de cobertura, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con un 5,9%.

Sin embargo, ante la baja cobertura de la población, las familias guatemaltecas deben satisfacer sus necesidades sanitarias en el sector privado. Prueba de esto, es que el gasto de bolsillo llega al 56% con respecto al gasto total en salud, lo que se sale por completo del 20% recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evitar la afectación de los gastos en salud en la población más vulnerable.

Según estimaciones de la OCDE, el 1,4% de los hogares guatemaltecos incurren en un gasto de bolsillo mayor al 10% del total de su ingreso, superando el 4% de la producción nacional. Este panorama, permite plantearse la necesidad de implementar acciones que promuevan un mayor aporte de las personas a la seguridad social.

Otro hallazgo del estudio de Sanigest International, es la comprensión de la dinámica presupuestaria de la seguridad social. Si bien el MSPAS y el IGSS, presentan altos índices de ejecución presupuestaria, es evidente la reducción del presupuesto dirigido a adquirir productos medicinales y farmacéuticos en los últimos dos años.

Además, en esta materia destaca que la fragmentación en los esquemas y fuentes de financiamiento afecta la ejecución del presupuesto. Al no existir una mancomunación de los recursos, se limita la eficacia de un seguro social que responda a las principales necesidades de la población. Prueba de esta limitante, es que en el Municipio de Guatemala que se podría considerar representativo del resto del país, el 50% de la población afirmó no sentirse satisfecha con los servicios que brinda el sector público.

En este sentido, es evidente la necesidad de implementar acciones estratégicas que, a partir del aumento de la inversión en salud pública y la adecuada gestión presupuestaria, respondan a las necesidades epidemiológicas de la población y promuevan el acceso a los servicios de salud de calidad.

Aumento de la inversión en salud resolvería las principales necesidades sanitarias

Tal como evidenció el estudio de WifOR, Guatemala podría gozar de una serie de beneficios transformadores a nivel socioeconómico nacional e individual, al garantizar el acceso de la población a sistemas de salud de calidad.

Sin embargo, se ha evidenciado en el estudio de Sanigest, que la realidad socioeconómica de la población ha provocado un estrés significativo en el nivel de acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud. Ante esto, se requiere un aumento de la inversión en salud, mejor planeamiento estratégico con establecimiento de metas cuantificables, y cambiar los sistemas de compras, entre otras acciones, que permitan garantizar la mejora y sostenibilidad del sistema de salud.  Algunas de las recomendaciones que Fedefarma ha compartido con las autoridades de salud son:

1. Trabajar de manera colaborativa con el resto del Sector Salud, para aumentar el gasto público de salud, orientado hacia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indican que se debería dedicar un mínimo 6%).
2. La cobertura más baja de todos los países de la región en materia de seguridad social la tiene Guatemala con menos del 20% de su población. Esto abre un espacio enorme para la discusión y formulación de políticas de cobertura de segmentos poblacionales que deberían estar cubiertos por el IGSS; por ejemplo, la población trabajadora independiente. La mejora de la cobertura va ligada al aumento de la inversión en salud.
3. La alta proporción de usuarios de los servicios de salud que se encuentran insatisfechos con la calidad recibida denota la urgencia de revisar el funcionamiento de la gestión clínica y administrativa, y promover a la vez un nuevo modelo de planeamiento, presupuestación y asignación de fondos. El establecimiento del modelo de gestión por resultados podría apoyar el alineamiento entre inversiones sanitarias y mejoras en calidad, de manera que la entidad como un todo apunte en la misma línea.
4. La gestión por resultados implica precisar el establecimiento de planes estratégicos con metas cuantificadas y un costeo adecuado o indicadores de desempeño de sus principales programas y metas. Para esto también es urgente crear un sistema de datos e iniciar el proceso para contar con Registros de Salud Electrónicos (ERH por sus siglas en inglés).
5. Las áreas de mayor oportunidad en compras públicas son la adopción e implementación de los Acuerdos de Entrada Gestionada (Managed Entry Agreements), por lo que se requiere la actualizando la Ley de Contrataciones del Estado, para tener un marco normativo que permita la adquisición de medicamentos innovadores a través de estos mecanismos.
6. Es importante contar con información sobre el porcentaje de presupuesto del IGSS que se utiliza para la compra de medicamentos, para dimensionar la necesidad de modelos de contratación que respondan más a las necesidades del país como las compras centralizadas, los MEAs y el desarrollo de indicadores de salud.