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La aprobación de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo marca una de las actualizaciones más relevantes del marco de prevención y cumplimiento en Guatemala durante los últimos años.

La normativa introduce cambios importantes que impactarán no solo a sectores tradicionalmente regulados, como bancos, financieras o cooperativas, sino también a nuevos actores económicos, incluyendo a ciertos perfiles profesionales, proveedores de servicios de activos virtuales, administradores de fondos y otros sectores que ahora pasan a formar parte de los denominados sujetos obligados.

Para Ginny Castillo, Senior Manager de EY Law Guatemala, uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un enfoque basado en riesgos, que permitirá a las organizaciones adaptar sus esfuerzos de prevención de acuerdo con la naturaleza y complejidad de sus operaciones.

«El objetivo no es que todas las organizaciones implementen los mismos controles, sino que comprendan sus riesgos y gestionen sus recursos de manera proporcional a la probabilidad e impacto que estos representan para su negocio», explica Castillo.

La nueva legislación también fortalece la institucionalidad mediante la creación del Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONCLAFT), una instancia que buscará coordinar esfuerzos entre distintas entidades del Estado.

Asimismo, la normativa incorpora nuevas obligaciones relacionadas con la conservación digital de información, el monitoreo de operaciones, la identificación de beneficiarios finales y un régimen sancionatorio más robusto para personas individuales y jurídicas.

Durante el proceso de discusión de la ley surgieron preocupaciones sobre posibles efectos en la competitividad empresarial. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, Castillo considera que la implementación debe entenderse como una evolución de los estándares de cumplimiento que ya existen en diversos sectores.

«Es normal que exista preocupación cuando se introducen nuevas obligaciones. Sin embargo, para muchos sectores regulados los cambios representan ajustes y fortalecimientos a programas de cumplimiento que ya forman parte de su operación diaria», señala.

La especialista destaca que uno de los factores más importantes para una implementación exitosa será la existencia de procesos de transición, capacitación y acompañamiento institucional que permitan a empresas y ciudadanos comprender gradualmente las nuevas disposiciones.

Como parte de las recomendaciones iniciales, EY sugiere que las organizaciones comiencen por entender el alcance de la ley, realizar diagnósticos internos de cumplimiento, identificar posibles brechas y fortalecer sus mecanismos de control y prevención.

«Uno de los mayores mitos es pensar que estas disposiciones únicamente aplican a ciertos sectores. La prevención es una responsabilidad compartida y comprender la normativa permite a las organizaciones proteger su continuidad operativa, fortalecer sus controles y reducir riesgos futuros», concluye Castillo.