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Con una convocatoria que superó todas las expectativas — más de 320 inscripciones en las primeras 24 horas—, se llevó a cabo hoy el evento «Nueva Ley, Nuevas Reglas: Prevención del Lavado como Compromiso País», organizado por GuateIntegra con el apoyo de Bantrab como aliado estratégico, en el Salón Azaria de Ciudad Cayalá.

La jornada reunió a aproximadamente 351 profesionales de sectores clave: oficiales de cumplimiento, alta gerencia bancaria, directores y representantes legales de empresas, notarios, abogados, contadores, auditores, sector inmobiliario y de construcción, fintechs, empresas de activos virtuales, gremiales empresariales, reguladores, funcionarios públicos y medios de comunicación especializados.

El objetivo central fue posicionar la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (ALD/CFT) como una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, en el contexto de la aprobación de la nueva ley y la próxima evaluación de GAFILAT programada para febrero de 2027.

Durante la apertura del evento, Christa Waters, miembro de la Junta Directiva de GuateÍntegra, destacó la importancia de abordar este tema desde una perspectiva integral:

«La prevención del lavado de dinero ya no es un asunto exclusivo de las áreas de cumplimiento. Es un asunto que habla de la calidad de nuestras instituciones, de la confianza en nuestra economía y de la competitividad del país.»

Programa y participantes destacados El evento ofreció una agenda de alto nivel con contenido práctico y orientado a la acción, que incluyó:

● Apertura institucional a cargo del licenciado Juan Carlos Monroy Véliz, Intendente de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.

● Conferencia inaugural: «Prevención del lavado de dinero: lecciones y estándares desde América Latina», impartida por Juan Pablo Rodríguez, presidente de Junta Directiva de RICS Management y experto colombiano en ALD/CFT.

● Conferencia magistral: «Compliance con enfoque en riesgos: cómo convertir los estándares en cultura real de cumplimiento», a cargo de Viviana Montero Sánchez, Líder Regional en Ética, Cumplimiento y Asuntos Legales.

● Dos paneles de discusión con representantes del sector público, empresarial, financiero, legal, de auditoría e inmobiliario.

Panel 1: El impacto de la nueva ley Moderado por Paola De la Torre, presidente ejecutiva de GuateÍntegra, el primer panel analizó el impacto de la Iniciativa 6593 desde las perspectivas pública, empresarial y regulatoria.

Participaron: Juan Carlos Monroy Véliz (IVE), Carlos Arias, presidente de la Junta Directiva del CACIF, Juan Pablo Rodríguez (RICS Management) y Estuardo Gamalero, director titular de la Junta Directiva de Bantrab.

Panel 2: Nuevas personas obligadas Moderado por María Teresa Salazar, Global AML Program Manager de Millicom/Tigo, el segundo panel se centró en la ampliación del universo de sujetos obligados y los nuevos desafíos para auditores, notarios, constructoras, comercializadoras de vehículos, fintechs y plataformas de activos virtuales. Participaron: Astrid Domínguez (Consortium Guatemala), Rosa María Medina (Grupo Cayalá) y Carlos Córdova, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Guatemala.

Una respuesta extraordinaria La magnitud del evento refleja el interés genuino del sector profesional guatemalteco por mantenerse actualizado y contribuir activamente a la construcción de un entorno de negocios más íntegro y competitivo.

Los asistentes se llevaron claridad sobre qué cambia con la nueva ley, qué se espera de los nuevos sujetos obligados, herramientas prácticas para implementar programas de cumplimiento, y una perspectiva regional y global sobre cómo Guatemala se posiciona ante el mundo en esta materia.

Los participantes que completaron su registro previo y estuvieron presentes durante toda la jornada recibirán un certificado de participación emitido por GuateIntegra, que será enviado a sus correos electrónicos en los días posteriores al evento.

Compromiso país Al cierre de la jornada, GuateIntegra reafirmó su compromiso de continuar generando espacios de diálogo, formación y acción en materia de Compliance e integridad institucional.

La prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración proactiva entre el Estado, la sociedad civil y el sector empresarial para construir un sistema efectivo que proteja al país, fortalezca su economía y lo posicione con certeza ante el mundo.