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La obra recopila los análisis, columnas de opinión y respuestas a preguntas frecuentes elaborados por el experto Mario Estuardo Archila y el equipo de la firma Consortium Legal sobre el Decreto 32-2024

A casi dos años de la aprobación del Decreto 32-2024, Ley de Competencia —un hito calificado por el propio Ministerio de Economía como el fin de más de dos décadas de esfuerzos legislativos—, la firma presenta el libro “Ley de Competencia en Guatemala: Opiniones y análisis”, una compilación de artículos de opinión, análisis económico-jurídico y respuestas a las preguntas más frecuentes que ha generado la nueva normativa entre empresarios y asesores legales.

El libro llega en un momento clave: el Congreso ya reformó la ley en 2025 mediante el Decreto 8-2025 para resolver vacíos institucionales, y el reloj corre hacia el 9 de diciembre de 2026, cuando entrarán en vigor las secciones sancionatorias más sensibles para las empresas. A continuación, los cinco puntos de la obra que más eco han tenido en la conversación pública y mediática sobre la ley durante los últimos dos años:

1. El fin de una discusión de más de treinta años — pero con un “giro de 180 grados”

Guatemala debatió una ley de competencia por más de tres décadas antes de aprobar el Decreto 32-2024. El libro documenta que el país no partía de cero: el Código Penal ya tipificaba delitos de monopolio y especulación, y el Código de Comercio contenía normas de protección a la libre competencia desde antes. La reforma representa, según los autores, «un giro de ciento ochenta grados» al abandonar la vía penal y judicial ordinaria en favor de un régimen administrativo centralizado en una nueva Superintendencia.

2. La cuenta regresiva del 9 de diciembre de 2026

Aunque partes de la ley ya están vigentes desde enero de 2025 (creación de la Superintendencia, promoción de la competencia), los capítulos de defensa de la libre competencia, control de concentraciones económicas, infracciones y sanciones entran en vigor hasta el 9 de diciembre de 2026 —dos años después de la publicación de la ley. El libro insiste en que las empresas tienen menos de dos años, desde su publicación original, para revisar contratos, cláusulas de exclusividad y prácticas comerciales antes de que arranque el régimen sancionatorio.

3. Multas de hasta Q24.4 millones y umbrales de concentración en dólares, euros y libras

Una de las secciones más consultadas del libro traduce las sanciones —fijadas en salarios mínimos— a montos concretos: hasta Q24,480,000 (más de US$3.1 millones) por infracciones absolutas, además de una multa específica por resistencia a la verificación de la Superintendencia. También detalla los umbrales de activos e ingresos combinados (superiores a Q856 millones y Q1,101 millones, respectivamente) que obligan a notificar una fusión o adquisición antes de realizarla.

4. Las reformas de 2025 y la disputa por la presidencia de la Superintendencia

El libro explica el Decreto 8-2025, aprobado por el Congreso apenas un año después de la ley original, que corrigió contradicciones sobre quién preside el directorio de la nueva Superintendencia y quién emite su reglamento. El sistema de rotación bianual —primero el director nombrado por el Presidente, luego el del Congreso y finalmente el de la Junta Monetaria— y el mecanismo de desempate por orden alfabético han sido, según los autores, un foco de atención por el riesgo de injerencia política en la primera designación.

5. El debate de fondo: ¿protege la competencia o crea una nueva barrera de entrada?

Más allá de lo técnico, la obra incluye una serie de columnas de opinión que cuestionan abiertamente si la ley resolverá los problemas que promete. Los autores argumentan, citando estudios del Banco Mundial sobre tiempos aduaneros y trámites, que las verdaderas barreras a la competencia en Guatemala son burocráticas y no privadas, y advierten sobre el riesgo de que la nueva Superintendencia termine generando más costos que beneficios para los agentes económicos que buscan competir.